El siguiente es un artículo publicado en el diario “La Nación” el 20 de marzo de 2004, que sería importante leerlo o releerlo ya que cobra actualidad en estos días como debate de fondo en nuestro país.
Quien escribió este artículo, es hoy un protagonista esencial de la temática abordada y, por lo tanto, le otorga autoridad para apoyar alguna idea similar que pueda ser presentada por el gobierno nacional.
Un instrumento válido para restituir equilibrios
¿Hay que reestablecer la Junta Nacional de Granos?
La experiencia de la última década pone de relieve que es tiempo de corregir las distorsiones y los abusos que caracterizan la comercialización granaria, sometida, bajo la excusa del "libre juego de la oferta y la demanda", a los designios de los factores dominantes del mercado. Con esa concepción, durante la década del noventa se eliminaron instrumentos y entes que establecían equilibrios sustanciales para el desarrollo de cualquier sociedad. Frente a esto, es oportuno ratificar la necesidad de un proyecto nacional que restablezca elementos y normas que provean posibilidades igualitarias para todos los argentinos.
En nuestro sector, la eliminación de la Junta Nacional de Granos abrió paso a la incorporación dominante en la comercialización de grandes corporaciones económicas, principalmente multinacionales.
De hecho, su naturaleza y objetivos es la optimización de ganancias, y no se les puede pedir ni esperar la promoción del desarrollo social o la defensa del interés nacional.
Así como, bajo un agudo proceso de concentración de la propiedad y utilización de la tierra, desaparecieron más de 100 mil pequeñas y medianas empresas agrarias y gran parte de las que sobrevivieron quedó con gravísimos problemas de endeudamiento. La misma ola se llevó a decenas de cooperativas y otras organizaciones de capital social forjadas por los mismos productores, allanándole aún más el camino a ese puñado de grandes empresas.
Esto no ocurría cuando la Junta Nacional de Granos operaba como reguladora, estableciendo equilibrios, funcionando como testigo del mercado interno y externo, definiendo estándares, negociando exportaciones de país a país, etcétera.
En consecuencia, el reparto de oportunidades era más justo. Aun con los problemas que suelen afectar a este tipo de organismos, de su utilidad son clara referencia su mantenimiento en países de características agropecuarias parecidas al nuestro, pero con un agro mucho más próspero, como Australia y Canadá.
Frente a todo ello, nos definimos concretamente por la creación de una nueva Junta Nacional de Granos -con las adaptaciones que imponga una realidad distinta de la que convivía con la anterior versión-. Esta posición está avalada, además de lo apuntado, por lo que ocurre diariamente en la comercialización granaria.
Nos referimos, por ejemplo, a las frecuentes diferencias de cotizaciones de la producción agrícola entre los mercados internacionales y el argentino, que desbordan los mayores costos con los que pretenden justificar esas diferencias las corporaciones económicas que dominan el mercado. Entre otros, el traslado de fletes -parecen aumentar solo para los agricultores argentinos-, impuestos, riesgos y otros rubros, todo ello a valores claramente sobredimensionados.
También las arbitrariedades en las condiciones de comercialización, la falta de transparencia, entre otras cargas que derivan en menores ingresos para la gente de campo.
En el sector no faltan voces que intentan convencer a los productores de que opten por los modelos de producción de países llamados "adelantados", citando aspectos parciales y ocultando toda referencia a los instrumentos que acompañan a la producción en esos países, a sus políticas agropecuarias o a sus entes reguladores como los ya citados casos de Australia y Canadá.
Por el contrario, se oponen terminantemente a la aplicación de ese tipo de políticas y tildan de retrógrados a quienes, como nuestra entidad, las promueven. Pero esto en vez de desanimarnos, nos estimula; son los mismos que impulsaron las recetas político-económicas de los años noventa, tiempo en que desaparecieron los entes que reivindicamos. Y con ellos miles y miles de auténticos productores.
Por Eduardo Buzzi, presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA)
En nuestro sector, la eliminación de la Junta Nacional de Granos abrió paso a la incorporación dominante en la comercialización de grandes corporaciones económicas, principalmente multinacionales.
De hecho, su naturaleza y objetivos es la optimización de ganancias, y no se les puede pedir ni esperar la promoción del desarrollo social o la defensa del interés nacional.
Así como, bajo un agudo proceso de concentración de la propiedad y utilización de la tierra, desaparecieron más de 100 mil pequeñas y medianas empresas agrarias y gran parte de las que sobrevivieron quedó con gravísimos problemas de endeudamiento. La misma ola se llevó a decenas de cooperativas y otras organizaciones de capital social forjadas por los mismos productores, allanándole aún más el camino a ese puñado de grandes empresas.
Esto no ocurría cuando la Junta Nacional de Granos operaba como reguladora, estableciendo equilibrios, funcionando como testigo del mercado interno y externo, definiendo estándares, negociando exportaciones de país a país, etcétera.
En consecuencia, el reparto de oportunidades era más justo. Aun con los problemas que suelen afectar a este tipo de organismos, de su utilidad son clara referencia su mantenimiento en países de características agropecuarias parecidas al nuestro, pero con un agro mucho más próspero, como Australia y Canadá.
Frente a todo ello, nos definimos concretamente por la creación de una nueva Junta Nacional de Granos -con las adaptaciones que imponga una realidad distinta de la que convivía con la anterior versión-. Esta posición está avalada, además de lo apuntado, por lo que ocurre diariamente en la comercialización granaria.
Nos referimos, por ejemplo, a las frecuentes diferencias de cotizaciones de la producción agrícola entre los mercados internacionales y el argentino, que desbordan los mayores costos con los que pretenden justificar esas diferencias las corporaciones económicas que dominan el mercado. Entre otros, el traslado de fletes -parecen aumentar solo para los agricultores argentinos-, impuestos, riesgos y otros rubros, todo ello a valores claramente sobredimensionados.
También las arbitrariedades en las condiciones de comercialización, la falta de transparencia, entre otras cargas que derivan en menores ingresos para la gente de campo.
En el sector no faltan voces que intentan convencer a los productores de que opten por los modelos de producción de países llamados "adelantados", citando aspectos parciales y ocultando toda referencia a los instrumentos que acompañan a la producción en esos países, a sus políticas agropecuarias o a sus entes reguladores como los ya citados casos de Australia y Canadá.
Por el contrario, se oponen terminantemente a la aplicación de ese tipo de políticas y tildan de retrógrados a quienes, como nuestra entidad, las promueven. Pero esto en vez de desanimarnos, nos estimula; son los mismos que impulsaron las recetas político-económicas de los años noventa, tiempo en que desaparecieron los entes que reivindicamos. Y con ellos miles y miles de auténticos productores.
Por Eduardo Buzzi, presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA)
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